La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha dictado una resolución en respuesta a la denuncia que presentó el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre la supuesta usurpación de potestades públicas por parte del personal del SAE que no tiene la condición de funcionario. En la resolución concluye lo siguiente:
RESOLUCIÓN.
RECOMENDACIÓN: ÚNICA.- Que se culminen los estudios sobre el estado de situación y grado de suficiencia de las plantillas de personal (funcionario y laboral) adscrito a las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.
SUGERENCIA: ÚNICA.- Que se cursen las instrucciones relativas a la delimitación de las funciones que se desempeñan en las antedichas oficinas, en orden a que tales competencias sean desarrolladas indistintamente por el personal funcionario y/o laboral adscrito a dichas oficinas, con excepción de aquellas que tengan connotaciones de autoridad, que quedarían reservadas a la función pública (artículo 9.2 del EBEP).
Además, la resolución hace referencia a la disposición adicional primera que se incorporó al Decreto ley 1/2016 y que fue rechazo en fase de convalidación parlamentaria y dice lo siguiente: La circunstancia de que este decreto-ley fuera derogado en trámite de no convalidación parlamentaria (sesión de 6 de abril d e 2016) y sustituido por el Decreto-Ley 2/2016, de 12 de abril, en el que se omite la regulación abordada anteriormente en este punto, en modo alguno cuestiona su adecuación a legalidad y a realidad, sobre la que no que no ha recaído (y ya no puede recaer) tacha alguna a este respecto.
Os dejamos el enlace al texto íntegro de la Resolución, y os animamos a leerlo puesto que es muy interesante y muy serio desde el punto de vista jurídico y por fin alguien ajeno a nuestro colectivo pone por escrito lo mismo que venimos defendiendo desde UITA desde el principio y nos da la razón.
Confiemos que ahora el SAE responda al SAF atendiendo a este informe y por fin comiencen a encajar todas las piezas en su sitio.
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